Apple pagará 113 millones de dólares para resolver investigación estatal sobre el 'Batterygate' del iPhone.

Apple tendra que pagar otros 113 millones de dólares para resolver una investigación de casi tres docenas de estados sobre la práctica del gigante tecnológico de ralentizar los viejos iPhones de los clientes supuestamente en un intento por preservar sus baterías obsoletas.

Los tan difamados esfuerzos de estrangulamiento de la compañía atrajeron el desprecio en todo el país cuando salieron a la luz en 2017, asombrando a los consumidores que en ese momento lo vieron como un intento de empujarlos a comprar dispositivos más nuevos y más caros. Los estados liderados por Arizona, Arkansas e Indiana pronto abrieron una investigación sobre el asunto, y el miércoles aseguraron una sanción financiera y el compromiso legal de Apple para ser más transparentes en el futuro.

"Las grandes tecnologías deben dejar de manipular a los consumidores y decirles toda la verdad sobre sus prácticas y productos", dijo el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, en un comunicado. "Estoy comprometido a hacer responsables a estas gigantes de tecnología si ocultan la verdad a sus usuarios".

Investigadores de 34 estados y el Distrito de Columbia, incluidos los fiscales generales demócratas y republicanos, se unieron al acuerdo. Apple declinó comentar sobre esta historia y su acuerdo con los estados no requiere que admita su culpabilidad. En 2018, la compañía modificó su configuración para que sus prácticas de administración de baterías sean más claras para los usuarios.

En los años previos a que Silicon Valley se encontrara en la mira del gobierno, y Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, sería llamado regularmente al Congreso para testificar , la crisis de la “puerta de la batería” surgió como un desafío característico para el gigante del iPhone. La saga atrajo los titulares nacionales en 2017, cuando los usuarios de iPhone comenzaron a descubrir que algunos de sus dispositivos más antiguos experimentaban desaceleraciones después de actualizar a una versión más nueva de iOS, el software operativo móvil de Apple.

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Ese diciembre, Apple reconoció la práctica, explicando que había ajustado su tecnología a partir de un año antes para que algunos modelos más antiguos, incluido el iPhone 6S, no se apagaran inesperadamente o experimentaran otras fallas de funcionamiento debido a demandas excesivas en sus baterías anticuadas. El retroceso generalizado también llevó a Apple a emitir una disculpa pública, una rareza para el gigante tecnológico consciente de la imagen, y a comenzar a ofrecer descuentos de reemplazo de batería para los consumidores.

El mea culpa de la compañía apenas satisfizo a los críticos, incluso en el Congreso, que en ese momento criticó duramente a Apple por estrangular los dispositivos. Otros presentaron demandas e iniciaron una serie de procedimientos regulatorios contra el fabricante de iPhone que recién ahora están llegando a su conclusión. En marzo pasado, Apple resolvió una demanda colectiva de varios años al aceptar pagar $ 500 millones, gran parte de los cuales ha reservado para que usuarios selectos de iPhone reciban $ 25 en reembolsos. (La compañía, sin embargo, no tuvo que admitir fallas incluso cuando terminó el litigio). Un mes antes, los reguladores franceses multaron a Apple con aproximadamente $ 25 millones, argumentando que la compañía debería haber sido más comunicativa sobre sus prácticas.

En los Estados Unidos, casi tres docenas de estados compartieron su frustración por la falta de transparencia de Apple y se embarcaron en su propia investigación. Una queja presentada el miércoles en Arizona deja al descubierto sus preocupaciones de que Apple haya proporcionado "información engañosa" sobre sus actualizaciones de iOS, particularmente a través de notas técnicas difíciles de entender sobre la gestión de la batería.

En última instancia, el enfoque de Apple dejó a muchos usuarios con la sensación de que “la única forma de mejorar el rendimiento era comprar un iPhone de modelo más nuevo de Apple”, sostiene la queja de Arizona. Como resultado, la compañía se basó en "actos y prácticas injustas y engañosas" para aumentar sus ventas "potencialmente en millones de dispositivos por año", según el fiscal general de Arizona.

Junto con la sanción financiera, los estados también han exigido a Apple que aclare, en línea y en los propios iPhones, sus prácticas sobre el estado de la batería y la administración de energía. La compañía ya ha abordado algunas de las preocupaciones de los reguladores: una actualización de 2018 para iOS permite a los usuarios verificar el estado de sus baterías y deshabilitar la limitación del rendimiento. Está escondido en la configuración del dispositivo de los usuarios.

En una entrevista, Brnovich dijo que el acuerdo en efecto podría tener un significado más amplio, enviando un mensaje a los "Google del mundo de que, ya sea un fiscal general republicano o demócrata, estamos tomando estos temas muy, muy en serio".

"No van a poder quedarse sin tiempo", dijo Brnovich. "No importa si hay un cambio en la administración, la gente será responsable, los fiscales generales estatales continuarán liderando el camino".

Gracias por leer esta noticia hasta el final.

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